La Defensoría del Pueblo celebró la decisión de la Corte Constitucional de resolver incidentes de desacato a fallos de tutela en un término no superior a 10 días (artículo 52 del Decreto 2591 de 1991). Para el Ministerio Público, demandante de la disposición, urgía que esta actuación se delimitara desde el punto de vista temporal, ya que de las 454.000 tutelas que, en sus cifras, se instauraron el último año, al menos con 10.000 se habían iniciado incidentes de desacato que aún no han sido resueltos. Para la Defensoría, el usuario judicial se favorece, en la medida en que tendrá la certeza del tiempo que deberá emplear el juez de amparo constitucional para resolver estos asuntos. La Corte encontró que se había dado una omisión legislativa relativa, que debía ser suplida por una integración con el artículo 86 de la Constitución, que establece que la acción de tutela debe ser decidida en un máximo de 10 días.