El Gobierno acaba de expedir el nuevo reglamento del programa de protección de personas en riesgo extremo como consecuencia de las actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias que realizan. El programa, enmarcado en la Ley de Orden Público (Ley 418 de 1997 y sus reformas y prórrogas), cobija a altos funcionarios del Estado, periodistas, dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos, dirigentes o activistas de organizaciones de derechos humanos y testigos de casos de violación a derechos humanos, entre otros.