De acuerdo con lo previsto en la Ley 1421 del 2010, por la cual se prorrogan la mayoría de disposiciones de la Ley de Orden Público, todos los departamentos y municipios deben crear un fondo de seguridad, cuyos recursos atiendan las necesidades regionales o locales relacionadas con seguridad, sin que sea viable que utilicen partidas o rubros presupuestales aprobados por los concejos o asambleas para fines distintos, indicó la Contraloría General de la República. Así mismo, recordó que la Policía Nacional cuenta con su propio presupuesto, establecido anualmente y al cual deben imputarse sus gastos, sin que otra entidad pública deba atenderlos.