La Ley 1621 del 2013 creó la Comisión asesora para la depuración de datos y archivos de la inteligencia y contrainteligencia, la cual recomendará al Gobierno los criterios de permanencia, retiro y destino de esta información. Dentro de esta instancia de siete miembros habrá un representante de la sociedad civil. El Ministerio del Interior determinó que este ciudadano deberá ser delegado de las plataformas de derechos humanos, sectores sociales y comunales que hacen parte de la Mesa nacional de garantías para la defensa de los derechos humanos. Así, dentro de los 15 días siguientes a la expedición de este decreto, el ministerio convocará a la mencionada mesa nacional para escoger, por una mayoría calificada del 60 % de los votos, al aspirante de su predilección.