Agentes de la fuerza pública inmersos en el conflicto no pierden su condición de ciudadanos (8:16 a.m.)

Así lo advirtió el Consejo de Estado, al recordar que la administración está obligada a proteger especialmente la vida y seguridad de los uniformados, como lo hace con la población civil. “(…) El deber positivo que el Estado tiene con los ciudadanos-policías, o con los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se extrema en condiciones específicas de conflicto armado interno”, precisó. Aseguró que la muerte de efectivos de la Policía en el marco del conflicto no puede entenderse como un riesgo asumible por la sociedad para alcanzar la pacificación, por lo que la Sala ordenó medidas de reparación no pecuniarias para resarcir el daño causado a familiares de agentes de la fuerza pública caídos en un ataque de las Farc a la estación de Policía de Roncesvalles (Tolima), el 14 de julio del 2000. Así, además de compulsar copias a la Fiscalía para que se investiguen los hechos, la corporación exhortó al Estado colombiano a pedir al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un pronunciamiento sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de las Farc, y ordenó honrar a las víctimas en un acto público de reconocimiento de responsabilidad por parte de la administración, entre otras medidas (C. P. Jaime Orlando Santofimio).