En el alegato de conclusión, la defensa del alcalde Gustavo Petro ante la Procuraduría General de la Nación solicitó el archivo de los documentos pertinentes. Según el escrito, la celebración de convenios y la utilización excepcional de volquetas estaban permitidos legalmente y no afectaron el ambiente de la ciudad, a pesar de los traumatismos presentados. Así mismo, afirma que el Ministerio Público sabía de los traumatismos que se podrían presentar por la decisión de los operadores privados de no devolver equipos para la prestación del servicio.