El Ministerio de Educación Nacional, a través del Decreto 2070 del pasado 23 de octubre, reglamentó la Ley 1740 del 2014 en sus aspectos técnicos y operativos, en relación con la forma en que cumplirá las competencias de inspección y vigilancia de la educación superior, delegadas por el Presidente de la República mediante Decreto 698 de 1993. De acuerdo con la norma, como medida preventiva, la entidad podrá enviar delegados a los órganos de dirección de una institución de educación superior, quienes llevarán su vocería y realizarán informes sobre gestión y cumplimiento de funciones, solicitarán analizar y decidir sobre los temas relacionados con superar la situación que generó la aplicación de la medida y harán el respectivo seguimiento. En cuanto a las medidas de vigilancia especial, podrá designar un inspector in situ para una institución de educación superior, quien ejercerá vigilancia a la gestión administrativa y/o financiera de la misma, así como a los aspectos que afecten la calidad y continuidad del servicio público que tiene a su cargo. Deberá informar los hechos que puedan ser objeto de investigación y denunciará ante las autoridades competentes aquellos que puedan constituir responsabilidad penal, civil, disciplinaria, fiscal, tributaria o administrativa. La disposición adicionó en lo pertinente del Decreto 1075 del 2015, único reglamentario del sector.