El plan de ordenamiento territorial (POT) establece las normas urbanísticas generales aplicables a todo el suelo urbano y de expansión, mediante la delimitación y reglamentación de las áreas de actividad y los tratamientos, mientras que los decretos que adoptan las fichas reglamentarias precisan y ajustan las condiciones específicas de aplicación y cobertura del régimen de usos previsto en aquel. Así lo explicó la Sección Primera del Consejo de Estado al señalar que dichas fichas deben atender lo previsto en el POT y no pueden contrariar las disposiciones de este (C. P. María Elizabeth González).