La expedición de decretos de corrección de yerros es una función administrativa y ordinaria del Presidente de la República, recordó el Consejo de Estado. En el caso concreto, se demandó la nulidad del Decreto 2576 de 27 de julio del 2005, con el cual se corrigió un error en el título del Acto Legislativo 01 del 2005. El alto tribunal indicó que en esa oportunidad la corrección simplemente permitió que el título de la norma reflejara lo que había sucedido en el trámite en el Congreso, es decir, que se trataba de un acto que había finalizado su trámite de conformidad con la voluntad del constituyente derivado. En conclusión, el decreto demandado no se consideró violatorio de las normas constitucionales y legales que regulan la expedición de los actos legislativos, ni se usurpó una función del constituyente derivado (C.P. Marco Antonio Velilla Moreno).