La Corte Constitucional dejó fuera del ordenamiento jurídico el Decreto 1111 de 1952, que no solo permitía a la empresa extraer, conducir y regularizar el uso de las aguas sino que la autorizaba a distribuirla entre los representantes de la industria siderúrgica. La Procuraduría había solicitado a la Corte declararse inhibida de analizar el artículo 1º de la norma, por considerar que el derecho de explotación exclusivo cedido a la empresa feneció con la expedición del Decreto 1382 de 1940, que declaró como bienes estatales este tipo de yacimientos acuíferos. Además, había solicitado declarar inconstitucionales los demás apartes de texto atacado, por considerar que no por preconstitucionales debían considerarse excluidos de las las imposiciones jurídicas actuales.