La Corte Constitucional declaró como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que permite mejorar su oferta al originador de un proyecto de alianza público privada (APP) cuando no sea elegido para su ejecución. Se trata de una medida justificada, advierte el alto tribunal, teniendo en cuenta que ha sido su proyecto el que ha permitido estructurar toda la iniciativa, luego no tendría por qué recibir el mismo trato ofrecido a terceros, que presentaron sus proposiciones con posterioridad. En conclusión, para la Corte, quien origina el proyecto asume una carga tal en torno a los estudios de perfectibilidad, factibilidad y todas las labores que fijan la viabilidad del contrato de alianza público privada que no podría considerarse como violado el derecho a la igualdad de los demás participantes por el hecho de permitirles mejorar su propuesta (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).