La Corte Constitucional declaró exequible la ley que aprueba la adhesión de Colombia a la Convención sobre el estatuto de los apátridas y la Convención para reducir los casos de apatridia (Ley 1588 del 2012). La posición mayoritaria de la Sala Plena consideró que no se había dado un rompimiento de la cadena de anuncios en el trámite aprobatorio surtido en el Congreso, como lo sostenía la magistrada María Victoria Calle en la ponencia original. La misma tesis era compartida por la Procuraduría y por el magistrado Luis Ernesto Vargas, quien, al lado de Calle, salvó el voto. El tratado busca blindar a este tipo de población de la discriminación, el trato desigual y otros fenómenos que puedan generarse en su contra, como consecuencia de su condición de apátridas. Aunque, según la Corte, la convención no exige al Estado contratante otorgar la nacionalidad incondicionalmente, sí buscar equilibrar los factores de nacimiento, residencia y transmisión hereditaria, para reflejar el vínculo genuino entre un individuo y un Estado (M. P. Mauricio González Cuervo).