El Gobierno declaró la emergencia educativa con el fin de realizar los contratos directos necesarios para garantizar la prestación del servicio de alimentación escolar en todas las entidades territoriales certificadas. De igual manera, ordenó conformar expedientes de los contratos originados con la emergencia y demás antecedentes técnicos y administrativos, documentos que serán remitidos a la Contraloría General de la República, en el término establecido en el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.