La Corte Suprema de Justicia sostuvo que es al funcionario y no a la entidad a quien corresponde expresar si considera que se encuentra incurso en alguno de los impedimento establecidos en artículo 99 de la Ley 600 del 2000. Según la providencia, el magistrado Fernando Castro no presentó ante la Sala Penal las razones de hecho o de derecho por las cuales presume que su ecuanimidad en una causa contra el exsenador Iván Moreno podría verse menguada, y añadió que no le corresponde a la corporación determinarlo. Con esos argumentos, se abstuvo de pronunciarse en torno a la solicitud del jurista de que sea la Sala la que determine si las informaciones sobre las relaciones de negocios de sus hermanos con personas del llamado “carrusel de la contratación” ameritan que se aparte del conocimiento del juicio contra Moreno, en el que actúa como ponente (M. P. María del Rosario González).