El Gobierno expidió un decreto que organiza el Sistema nacional de planeación, coordinación y seguimiento de la política nacional de consolidación y reconstrucción territorial (PNCRT), para focalizar recursos en las regiones afectadas por grupos armados ilegales y cultivos ilícitos que han promovido una economía ilegal y en donde es necesaria la presencia del Estado. 35 entidades harán parte de esta instancia, de ellas, 14 son ministerios y hay instituciones tan diversas como la UPME, el ICBF, el Invías, el Sena y la Superintendencia de Notariado y Registro.