La Corte Suprema de Justicia reprochó la utilización de la retractación como estrategia de la defensa de dos hombres condenados por el despojo masivo de tierras en zonas aledañas a los ríos Jiguamiandó y Curvaradó (Chocó). La Sala Penal manifestó que el principio de no retractación restringe la posibilidad de que el imputado ignore el carácter vinculante de sus actos, cuando ataque la sentencia anticipada que se haya proferido en su contra. La corporación calificó como inaudita la manera en que, a su juicio, los defensores intentaron desvirtuar su propia estrategia argumentando que el desplazamiento investigado ocurrió en 1997, en tanto que la actuación de sus clientes fue posterior, cuando lo cierto es que el concierto para delinquir agravado materia de la sentencia describe la conexidad ideológica con una serie de conductas que se cometieron durante varios años (C. P. Luis Guillermo Salazar).