La Corte Constitucional determinó que el Presidente de la República debe hacer una declaración interpretativa respecto al tratado de asistencia legal mutua en materia penal firmado con Rusia, para salvaguardar derechos al debido proceso y garantizar el derecho de defensa. Aunque declaró exequible la Ley 1596 del 2012, sostuvo que la aplicación de la convención no debe afectar gravemente los derechos de las personas o sus bienes, cuando el soporte de la solicitud de colaboración no constituya delito en la parte requerida. Adicionalmente, dice el alto tribunal, luego de haberse informado al interesado respecto de la invitación del país que lo requiere, el Ministerio de Justicia deberá informarle sobre la posibilidad de acceder a un traductor oficial y apoderado que lo asista en todas las diligencias; también deberá precisarle el alcance de las garantías constitucionales a las que tendrá derecho y la estructura básica del proceso penal en ese Estado. Los magistrados Mauricio González, Luis Guillermo Guerrero y Gabriel Eduardo Mendoza salvaron el voto parcialmente (M. P. Jorge Iván Palacio).