La Corte Constitucional ratificó que no es competente para pronunciarse alrededor de actos legislativos que no han sido promulgados por el Presidente de la República, reafirmado así la declaratoria de inhibición en torno al fallido proyecto de reforma a la justicia. Frente a ello volvieron a presentarse los salvamentos de voto según los cuales el alto tribunal sí gozaba de la facultad para examinar la constitucionalidad, aun cuando no hubiesen sido promulgadas por el jefe de Estado. En este caso, fueron los magistrados Alberto Rojas y Jorge Iván Palacio quienes expresaron su disenso, al precisar que no pueden existir actos de ninguna rama del poder público que carezcan de control; además, ratificaron que, a su juicio, el Presidente sí podía objetar, por inconstitucional, un acto legislativo, y promover su archivo mediante convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso.