La Corte Constitucional le pidió a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo que, en colaboración con el Inpec, implementen un plan destinado a garantizar que todas las personas privadas de su libertad accedan a tratamientos oportunos y eficaces de salud. Indicó que las medidas que se adopten al respecto deben procurar un esquema de observación, supervisión, control e ilustración, para evitar que se sigan presentando omisiones de parte de las encargadas de suministrar servicios de salud en las cárceles. Esta labor, precisa la providencia, debe ser acompañada también por la Superintendencia de Salud, entidad a la que también se oficia para que adelante las investigaciones a que haya lugar por la deficitaria respuesta que en esta materia han recibido dos reclusos de cárceles de Bogotá y Guaduas (Cundinamarca) (M. P. Nilson Pinilla).