La Corte Constitucional concluyó que las autoridades no han cumplido cabalmente las órdenes impartidas para proteger los derechos fundamentales de desplazados afrodescendientes de 12 municipios nariñenses, que fueron decretadas desde el 2009. Tras hacer un diagnóstico del impacto que ha generado el fenómeno en estos grupos, la sala ordenó al Gobierno Nacional, entes territoriales, organismos de control y demás entidades involucradas realizar los procedimientos necesarios para establecer mecanismos específicos y detallados con el fin de adelantar los procesos de consulta previa. A juicio de la corporación, prevalecen los riesgos que se incrementaron desde esa época para estos grupos, debido a proyectos de monocultivo de palma de aceite, minería y contaminación por derramamiento de crudo, entre otros. A raíz de este auto, el Ministerio del Interior deberá empezar a desarrollar los planes piloto de procesos de preconsulta y consulta y tendrá seis meses para dar cuenta de los resultados del diseño e implementación de los planes de caracterización de las comunidades negras de Nariño (M. P. Luis Ernesto Vargas).