La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno implementar una política nacional ambiental para contrarrestar los efectos nocivos de la actividad minera en el medio ambiente. Además, le dio un plazo de tres meses para establecer estrategias y líneas de acción contra la contaminación del aire y del agua por la explotación y transporte de carbón. Esto a raíz de los hallazgos de contaminación excesiva por parte de la multinacional Drummond, a la que también le ordenó instalar maquinaria y condiciones pertinentes para amortiguar el ruido y erradicar emanaciones de partículas de carbón en su explotación, almacenamiento y trasporte. La corporación solicitó a la Defensoría del Pueblo que vele porque los derechos de los accionantes sean garantizados y compulsó copias a la Procuraduría y la Contraloría para que vigilen el cumplimiento de la sentencia (M. P. Nilson Pinilla).