La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) continuar dando trámite al proceso de extinción del dominio privado sobre el predio Las Pavas, ocupado por un grupo de campesinos en El Peñón (Bolívar). La Sala Plena del alto tribunal negó la solicitud de nulidad de la sentencia T-267 del 2011, mediante la cual detuvo el proceso de desalojo que trataba de ejecutar el inspector central de policía del municipio en contra de los campesinos desplazados que habían arribado a los terrenos. La corporación consideró que, en el caso de la empresa Aportes San Isidro S. A., la solicitud no cumplía con el requisito de oportunidad, en tanto que la inspección de policía no había demostrado que se estuviese produciendo una violación del derecho al debido proceso en su contra (M. P. Mauricio González).