Aunque la Corte Constitucional concluyó que el proyecto de ley que pretende la profesionalización de los instructores deportivos se ajusta a la Carta Política (P. L. 180/11S-248/11C), retiró la disposición que restringía la entrega de la licencia de entrenador a quienes no enfrentaran investigaciones penales. Así, la Sala Plena declaró inexequible el parágrafo 3º del artículo 10º, por considerar que negar el reconocimiento a quienes enfrenten actuaciones penales viola el principio de presunción de inocencia.