La Corte Constitucional sostuvo que no recibió documento alguno que sustentara la solicitud de la Procuraduría para afectar con el incidente de impacto fiscal la Sentencia C-101 del 2013, por medio de la cual declaró inexequible la incorporación de los delegados judiciales 1 y 2 de ese órgano de control disciplinario mediante libre nombramiento y remoción. Según el alto tribunal, ello condujo a negar las pretensiones, dado que el artículo 5º de la Ley 1695 del 2013 ordena declarar desierto el recurso si después de vencidos los términos de 30 días hábiles que se le otorgan al solicitante para que sustente su requerimiento este no allega al despacho del magistrado ponente el escrito en el cual ahonde alrededor de sus argumentos. La Sala Plena recordó que, según la providencia que retiró del ordenamiento el aparte demandando del artículo 182 del Decreto-Ley 262 del 2000, el Ministerio Público contaba con un año, a partir de la notificación, para proveer estos cargos por concurso público (M. P. Mauricio González).