La Corte Constitucional evalúa la solicitud elevada por el Gobierno para prorrogar los efectos diferidos de la sentencia que declaró inexequible el actual Código de Minas (Ley 1382 del 2010), mediante la sentencia C-366 del 2011. En ese entonces, la Sala Plena determinó que, para evitar traumatismos en la expedición de licencias y otros procesos relacionados con la explotación del subsuelo y la renta derivada de ello, la sentencia solo iba a entrar en vigencia dos años después de proferida. Esta concesión obedeció a que el alto tribunal consideró que el vicio de constitucionalidad era la falta de consulta previa, de ahí que hubiera fijado el plazo para garantizar la participación de las comunidades interesadas. El Ejecutivo, al advertir que no era posible culminar con su programación de consultas, requirió al alto tribunal para que contemplara la posibilidad de extender los efectos diferidos de su sentencia y permitir que siga rigiendo el código.