La Corte Constitucional determinó que los privilegios de los funcionarios que participen en actividades propias de la Organización para la prohibición de armas químicas (OPAQ) son exequibles (Ley 1605 del 2012). Para la corporación, las condiciones para estas concesiones son respetuosas de los principios del Estado social de derecho. La Procuraduría coincidía con esta tesis (M. P. Nilson Pinilla).