Bajo esta perspectiva, el alto tribunal se inhibió de examinar la demanda. Se trata del artículo 6º del Decreto 1736 del 2012 que, al corregir el artículo 338 del Código General del Proceso (Ley 1564 del 2012), estableció una cuantía mínima de mil salarios mínimos como requisito para poder recurrir en casación una decisión desfavorable. La Corte estableció que su competencia para examinar decretos que corrigen leyes se concentra exclusivamente en la capacidad que estos tengan para influir en los alcances de la ley misma, pero no en juzgar esa actuación administrativa como tal. Los magistrados Martha Sáchica, Jorge Iván Palacio, Mauricio González y Luis Ernesto Vargas se opusieron a la decisión, por considerar que el juicio de fondo era una oportunidad para delimitar las competencias del tribunal constitucional frente a la expedición de decretos que corrigen yerros en actuaciones legislativas. Cabe aclarar que, aunque en su comunicado del 4 de febrero la Corte identificó el expediente como D-10120, la demanda es la D-10280 (M. P. María Victoria Calle).