Por incumplir un fallo de la Corte Constitucional que tuteló los derechos a la vida y a la salud de una familia campesina afectada por la contaminación que genera la explotación de carbón en la mina Pribbenow, situada en el corregimiento de La Loma (Cesar), Sentencia T-154 del 2013, la contralora general de la República (CGR), Sandra Morelli , promovió ante el Tribunal Superior de Valledupar un incidente de desacato contra el Ministerio de Ambiente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y la empresa Drummond. La tutela fue presentada en 2009 por Orlando José Morales Ramos, quien vive con su familia en una finca situada a aproximadamente un kilómetro de dos botaderos de residuos de esta explotación minera. “Allí se esparce polvillo de carbón y deben soportar además altos niveles de ruido, lo cual llevó a este humilde campesino a presentar una tutela que permitiera erradicar los efectos que tal situación les ha generado”, indicó la entidad. La tutela no prosperó pero posteriormente fue seleccionada por la Corte, que al concederla determinó una serie de medidas que debían adoptar por parte de las mencionadas entidades para contrarrestar el ruido y la contaminación del aire. Según la Contraloría, un año después de producirse este fallo las órdenes impartidas por el alto tribunal no han sido cumplidas. Adicionalmente, explica el órgano de control fiscal, la familia cobijada por la tutela reportó que la situación sigue igual a la expuesta en el año 2009. Finalmente, la Contralora pidió no seguir dilatando la aplicación de las acciones que deben garantizar al tutelante y a su familia los derechos fundamentales violados por la explotación.