Al encontrar que la Asamblea de San Andrés, mediante Ordenanza 005 del 2012, aprobó el plan de desarrollo local y que existían requerimientos del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la ciudadanía en los que se advertía que no se surtió consulta previa con comunidad raizal, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a la actual gobernadora. Según el comunicado de prensa que se puede conocer en detalle en el enlace “ver texto completo”, la funcionaria podría estar incursa en una falta disciplinaria por omitir ejecutar los trámites propios de la consulta previa requerida con grupos étnicos y la socialización del “Plan de Desarrollo Departamental 2012 – 2015”.