La Corte Constitucional tuteló los derechos fundamentales a la consulta previa, a la educación de niños indígenas y al derecho al trabajo de los etnoeducadores del Resguardo indígena nuestra señora Candelaria de la montaña, de Riosucio (Caldas). En este sentido, le ordenó a la Secretaría de Educación del departamento de Caldas que lleve a cabo un proceso de consulta previa respecto de la manera en que operarán los distintos componentes de la política etnoeducativa en los establecimientos educativos, la designación de educadores, creación de programas de formación, decisiones sobre infraestructura física y fusión de sedes educativas, entre otros aspectos. La Corte recordó que por tratarse de educación especial para grupos étnicos minoritarios, es necesario contar con la participación de las comunidades indígenas para tomar cualquier determinación. Jorge Ignacio Pretelt y Alberto Rojas Ríos salvaron el voto (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).