La magistrada argentina Silvia Fernández de Gurmendi fue elegida como nueva presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), para el periodo 2015-2018.

Los jueces de la CPI eligieron a Fernández el pasado miércoles, en una reunión plenaria, en la que también fueron designadas las juezas Joyce Aluoch, de Kenia, y Kuniko Ozaki, de Japón, como primera y segunda vicepresidentas, respectivamente.

La CPI, a la que no se han adherido EE UU, Rusia, China, India, Israel, Cuba, ni Irak, ha abierto procesos por crímenes de lesa humanidad y genocidio en Congo, Uganda, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil y Malí. Actualmente, mantiene en fase preliminar casos sobre Afganistán, Colombia, Nigeria, Guinea, Honduras, Irak, Ucrania, Georgia y Palestina.

Fernández, que sucederá en el cargo al surcoreano Song Sang-Hyun, estudió Derecho en las universidades de Córdoba (Argentina) y Limoges (Francia), y se doctoró en la Universidad de Buenos Aires. Ejerció como profesora visitante en el American University Washington College of Law, fue diplomática de su país y ocupó el cargo de directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como tal, defendió a Argentina ante tribunales internacionales.

En el 2003, fue nombrada asesora principal de Luis Moreno Ocampo, el jurista argentino que, entonces, fue designado fiscal del CPI. En el 2010, fue elegida juez del tribunal que ahora presidirá. “Haré lo posible para estar a la altura de la confianza que mis compañeros han depositado en mí”, declaró Fernández, en un comunicado, y prometió trabajar por “el bien de la justicia, la paz y el imperio de la ley”.

La Presidencia de la CPI, compuesta por el Presidente y dos Vicepresidentes, juega un papel clave en la provisión de liderazgo estratégico. De acuerdo con el Estatuto de Roma, el tratado de gobierno de la CPI, la Presidencia es responsable de la correcta administración de la Corte. Sin embargo, no tiene injerencia en los asuntos del Fiscal.

La Presidencia supervisa las actividades de la Secretaría y ofrece una amplia gama de políticas administrativas sobre el funcionamiento general de la Corte. Además, lleva a cabo una revisión judicial de ciertas decisiones y llega a la conclusión de acuerdos de cooperación con Estados y organizaciones internacionales.

La CPI nació en el 2002, y hasta ahora solo ha condenado a dos guerrilleros de Congo: Germain Katanga, exlíder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, y Thomas Lubanga, exjefe del partido y milicia Unión de Patriotas Congoleños. Además, ha dictado siete absoluciones, en cuatro casos de Kenia, dos de Congo y otro de Sudán. Tres de los acusados, incluido el exlíder libio Muammar Gaddafi, fallecieron durante el proceso.

(Con información de CPI y El País)