Relatores para la libertad de expresión, preocupados por programas de vigilancia

El pasado 21 de junio, los relatores especiales para la libertad de expresión Frank La Rue, de las Naciones Unidas, y Catalina Botero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentaron una declaración conjunta sobre los programas de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión.

El pronunciamiento destaca una serie de principios jurídicos internacionales, ante la divulgación de programas secretos de vigilancia para combatir el terrorismo y defender la seguridad nacional que podrían afectar los derechos a la libertad de pensamiento, de expresión y a la intimidad de las personas.

El primero de estos principios garantiza la seguridad nacional, con arreglo a estándares internacionales en materia de derechos humanos. Al respecto, los relatores concluyeron que es necesario que los Estados revisen su legislación, para establecer límites a la potestad de vigilar las comunicaciones privadas, así como la necesidad y proporcionalidad de esta medida.

Además, señalaron que los límites a los programas de vigilancia deben garantizar que la intervención, la recolección y el uso de información personal estén claramente autorizados por la ley, con el fin de proteger a la persona contra interferencias arbitrarias o abusivas en sus intereses privados.

“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por esta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas. Esta injerencia ilegítima incluye aquellas realizadas por motivos políticos contra periodistas y medios de comunicación independientes”, señalaron Botero y La Rue.

Por otra parte, recordaron los deberes de publicidad, transparencia y la necesidad de difundir información relativa al marco regulatorio de los programas de vigilancia.

Finalmente, precisaron que bajo ninguna circunstancia los periodistas, integrantes de medios de comunicación o miembros de la sociedad civil que tengan acceso y difundan información reservada sobre este tipo de programas de vigilancia pueden ser sancionados por considerarla de interés público.

Consulte aquí el texto completo de la declaración conjunta