La viceprocuradora general de la Nación, Martha Isabel Castañeda, le solicitó a la Sala Plena de la Corte Constitucional que resuelva el incidente de nulidad promovido contra la Sentencia T-627 del 2012, que le ordenó al procurador general, Alejandro Ordóñez, y a dos procuradoras delegadas rectificar sus declaraciones sobre “campañas de promoción del aborto”.

El 24 de septiembre del 2012, la Procuraduría pidió la nulidad del fallo, por una presunta “grave violación al debido proceso”, y requirió darle prelación a esa solicitud.

De acuerdo con la entidad, la Corte debe referirse al reconocimiento de las dos procuradoras delegadas en este debate jurídico, cuyas intervenciones habrían sido ignoradas por la Sala Octava de Revisión al proferir la sentencia.

Adicionalmente, solicitó resolver todas las solicitudes relacionadas, pues “hasta la fecha únicamente se han adelantado actuaciones extrañas a un incidente de nulidad”.

Castañeda agregó que, en caso de que se rechace por extemporánea la solicitud de nulidad, la Corte “no sólo estaría amparando una serie de ostensibles y perturbadoras violaciones al debido proceso sino, también, vulnerando ella misma el debido proceso”.

Vale la pena recordar que en septiembre pasado, la Corte amparó los derechos al acceso a los servicios de salud reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la vida, la salud física y mental, la interrupción voluntaria del embarazo y la información en materia reproductiva de 1.280 mujeres que interpusieron una acción de tutela en contra del procurador Ordóñez.

El alto tribunal recordó que la función del Procurador le impide desconocer los contenidos del derecho fundamental a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, sobre todo cuando han sido definidos en sentencias vinculantes.