Participación en política de los desmovilizados, punto clave del proceso de paz

Diferentes posturas sobre la posible participación política de las FARC se escucharon durante el foro Dilemas jurídicos del proceso de paz, organizado por la Universidad Externado de Colombia, ÁMBITO JURIDICO y CITPax Colombia, que se celebra hoy en esa institución académica.

 

En el segundo panel, que contó con la participación del senador John Sudarsky; el exmagistrado de la Corte Constitucional y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Humberto Sierra Porto; el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz y el profesor de la Universidad de Los Andes, Rodolfo Arango, se debatieron las posibles condiciones  y problemas que podrían enfrentar los desmovilizados para acceder a cargos de elección popular.

 

Arango señalo que la mayor dificultad en torno al tema radica en que las posiciones de ambas partes distan de encontrase: “… las partes están jugando dos juegos totalmente diferentes.  Igualmente, uno de los graves peligros que enfrentan los diálogos de paz es que el Gobierno colocó unos plazos tan inminentes. Esos temores iniciales parece que, con el tiempo, se han venido consolidando”, señaló.

 

Sierra, por su parte, afirmó que el país se ha equivocado en la manera como ha abordado la discusión sobre la paz, al iniciar por la vía jurídica un debate que debe originarse en una decisión política. En estos casos, explicó, las implicaciones jurídicas de los acuerdos no pueden ser puestas sobre la mesa si desde el escenario político no se han definido las estrategias e instrumentos mediante los cuales se materializarían los objetivos concretados en las negociaciones.

 

En ese sentido, aclaró, las reformas constitucionales son necesarias e inevitables. De otra manera, se estaría dando a la Corte Constitucional la responsabilidad de resolver un asunto que debe ser definido por el constituyente derivado, que es el escenario legítimo para diseñar estos cambios, desde el punto de vista institucional.

 

La única salvedad, aclaró, sería concluir que el Congreso carece de legitimidad y, por tanto, no puede encargarse de una tarea tan trascendental, como esta.

 

Por su parte, el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Gaviria Díaz indicó que el obstáculo más duro del proceso de paz será lograr reinsertar a los guerrilleros de las FARC, mientras las instituciones parecen esforzarse por seguirlos desacreditando.

 

Gaviria precisó que, si bien han sido los propios integrantes de la guerrilla quienes han provocado tan vehemente rechazo por parte de muchos sectores, al punto de deslegitimarlos como actores políticos válidos, no es sano que representantes estatales continúen con lo que llamó una estrategia de desprestigio.

 

El exmagistrado pidió que cese esa campaña, para definir la estrategia que garantizaría el retorno de los desmovilizados a la civilidad, sin repetir historias como la eliminación sistemática u otras experiencias desafortunadas.

 

Por otra parte, indicó que acudir a una asamblea constituyente, como método para finiquitar el acuerdo, sería demasiado peligroso, pues se entraría a un escenario ilimitado y se corre el riesgo de perder el terreno ganado con la Constitución de 1991, principalmente, en democratización de la sociedad.

 

Sobre este punto, sostuvo que es necesario que el acuerdo sea ratificado popularmente. “Yo he visto como menos riesgosa la vía del referendo”, agregó. Y explicó que una de las garantías de la reinserción a la vida civil de los guerrilleros debe ser la puesta en marcha de un  estatuto de la oposición.

 

El jurista coincidió con quienes afirman que el debate debe iniciar en lo político, pues es precisamente esa la naturaleza de los diálogos de La Habana, y a agregó que lo sorprende que hayan sido los partidos políticos, coincidencialmente, quienes hayan sido excluidos de las deliberaciones.

 

Finalmente, el senador Sudarsky propuso conformar un sistema electoral mixto, representativo y proporcional, que, según él, derivaría en la creación de una estructura institucional donde lo político y lo social se vinculen.

 

“Si queremos proceso de paz duradero no lo lograremos con el sistema electoral actual. Este es clientelista y corrupto, no es representativo”, señaló, y fue enfático en afirmar que “la confianza en la justicia es lo más fundamental que existe después de la confianza institucional”.