Los puntos centrales del proyecto de decreto ley de tierras que promueve el Gobierno

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) se encuentra socializando el proyecto de decreto ley del Ministerio de Agricultura por medio del cual se establecería el marco normativo para la implementación de la política de ordenamiento social de la propiedad rural del Acuerdo Final de Paz negociado con las Farc.

La iniciativa, que sería firmada por el Presidente de la República, gracias a las facultades extraordinarias otorgadas por el Acto Legislativo para la Paz, ha generado críticas desde diferentes sectores de la sociedad.

“Es falso que nos estemos copiando de Venezuela, este no es un proyecto de ley para expropiar tierra, es para darle más garantías a los propietarios y brindar las condiciones para que exista seguridad jurídica y pongamos a producir el país”, respondió el ministro Aurelio Iragorri en respuesta a los críticos.

Mañana sábado termina el proceso de consulta de la propuesta, en Bogotá, pero ya se ha presentado en Cali, Montería, Santa Marta y Villavicencio. También habrá consulta previa con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

El Gobierno insiste en que de los cuatro millones de predios rurales el 60 % no tiene escrituras, por lo que “tenemos que buscar la forma de agilizar esos procesos y darle acceso a tierras a 800 mil familias de campesinos que hoy no han tenido esa posibilidad”.

Estos son algunos de los aspectos más importantes del borrador:

1. Se plantea la ejecución de la política a través de planes de ordenamiento social de la propiedad, entendidos como una estrategia de intervención masiva, gradual y progresiva a cargo de la ANT, apoyada por las autoridades nacionales, locales y las comunidades.

2. Se crearía un procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural que permitirá mayor agilidad en la resolución de los conflictos sobre los derechos sobre la tierra, de manera administrativa cuando no exista oposición y judicial cuando sea contencioso.

3. El Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) será un sistema de ordenamiento social de la propiedad rural que priorizará beneficiarios que tengan patrimonio inferior a 100 salarios mínimos mensuales. Los que tengan entre 100 y 500 salarios deberán contribuir dependiendo de los mismos, quienes tengan patrimonio superior a 500 salarios solo podrán acceder al uso, pero respetando la prioridad de acceso a tierras a favor de los más pobres.

4. Se propone eliminar la prohibición de acumulación, se argumenta que la incertidumbre jurídica ha frenado algunas inversiones, especialmente en la altillanura. Vale decir que si se firma el decreto como lo plantea el Ejecutivo este permitirá legalizar la situación de quienes están ocupando baldíos en extensiones superiores a la unidad agrícola familiar (UAF).

5. Se eliminaría la obligación de ocupación previa para poder recibir el título de un baldío y se propone incluir la figura del derecho real de superficie como alternativa para conceder el uso de la tierra sin desprenderse de su propiedad.

6. Se incluye la obligación de adjudicar con proyectos productivos en todos los casos.

7. Habrá una prohibición general de no vender la tierra por siete años. Actualmente, una vez adjudicado el predio baldío el beneficiario puede venderlo sin restricción.

8. Se crearía la acción de nulidad para la recuperación de predios indebidamente obtenidos, revirtiendo a manos del Estado el predio.

Frente a las polémicas sobre el proyecto, el Gobierno presentó algunas aclaraciones:

El proyecto de ley no desconoce la consulta previa

Minagricultura recalcó que no existe en el proyecto ningún artículo que pretenda enviar los asuntos étnicos a una ley distinta y, por tanto, excluir la Ley de Tierras de ser consultada con las comunidades.

Además, agregó que “no es cierto que se reformuló el capítulo sobre territorialidad indígena, al contrario, se mantuvo en exactamente los mismos términos de la Ley 160 de 1994 y no se modificó nada de la Ley 70 de 1993”.

El proyecto no viola la autonomía territorial

La propuesta de Ley de tierras no establece nada sobre uso del suelo. Hay que distinguir entre las normas de ordenamiento territorial, que entre otras cosas imponen a los municipios la determinación de los usos del suelo, y las normas frente a la propiedad de predios rurales otorgados a campesinos y la administración de las tierras de la Nación.

La cartera de Agricultura agregó: “Son dos cosas completamente distintas. El proyecto de tierras nada tiene que ver con lo primero, solo con lo segundo, que no es de competencia de los entes territoriales. Las tierras de la Nación y los bienes fiscales de la Agencia Nacional de Tierras los administra la Nación”. (Lea: Conozca los fundamentos de la sentencia que resuelve varias demandas contra la Ley Zidres)

El ministro de Agricultura concluyó que es un tema que beneficiará a empresarios e inversionistas, pues lo que se busca es dar seguridad jurídica a todos los actores para realizar sus inversiones, especialmente donde los proyectos “están varados”. (Lea: Ordenan medidas de atención para segundos ocupantes en fallos de restitución de tierras)

Minagricultura, Proyecto de norma, 02/05/17

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