Informe de Departamento de Estado de EE UU llama la atención sobre impunidad en Colombia

El pasado 27 de febrero, el Departamento de Estado de EE UU presentó su Informe anual sobre derechos humanos (DD HH), elaborado con datos suministrados por las representaciones diplomáticas de ese país en todo el mundo.

El reporte hace una extensa referencia a la legislación sobre esta materia en Colombia, y precisa que los problemas más graves son la impunidad, la ineficacia del sistema judicial, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social.

A su juicio, la impunidad y un sistema judicial ineficiente sometido a la intimidación limitan la capacidad del Estado para perseguir eficazmente a los individuos acusados de violar los DD HH. Además, la disponibilidad de los ingresos del tráfico de drogas, a menudo, agrava la corrupción.

El documento también identifica como problemas el lento procesamiento de los responsables de ejecuciones sumarias, la colaboración de militares insubordinados con miembros de grupos armados ilegales, las desapariciones forzadas y los asesinatos por razones políticas.

De otro lado, se refiere al movimiento legislativo y jurisprudencial en temas como la ampliación del fuero penal militar, la constitucionalidad del Marco Jurídico para la Paz y las conversaciones entre el Gobierno y las FARC.

Otros temas tratados en el reporte son la continuidad del conflicto armado, las persistentes acciones de los grupos ilegales contra la población civil y el reclutamiento de niños.

Así mismo, abordó temáticas como la violencia de género, la inequidad salarial en contra de las mujeres, la discriminación hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes, los derechos de los trabajadores y la situación de la libertad de expresión.

Crisis carcelaria

Dentro de los temas tratados está la crisis carcelaria, derivada del alto índice de hacinamiento. Con excepción de las nuevas instalaciones, las prisiones y centros de detención están superpoblados, carecen de condiciones sanitarias razonables, de una atención de salud adecuada y de un sistema de nutrición apropiado, advierte.

Además, la escasa capacitación de los funcionarios sigue siendo un problema en todo el sistema penitenciario.

En cuanto al uso excesivo de la fuerza en los centros de reclusión, indica que hasta octubre del 2013 se registraron 89 investigaciones que involucran a 159 guardias, pero solo se profirió un fallo disciplinario. Además, la Oficina de Asuntos Internos del Inpec investigó 47 denuncias de abuso físico y un caso de abuso sexual.

Entre enero y octubre, se produjeron 88 muertes en prisión: 67 se atribuyeron a causas naturales; 11, a suicidios; 7, a peleas entre reclusos; 2, a accidentes y 1, a intoxicación. 

Finalmente, destacó la puesta en marcha de políticas estatales para hacerle frente a esta crisis, que comprenden 24 planes de acción especializados, en los que se incluyen actividades orientadas a atacar la corrupción y garantizar la promoción y el respeto por los DD HH entre reclusos y guardias.

Consulte aquí el informe completo del Departamento de Estado de EE UU