La Asamblea Nacional de Gambia, en África Occidental, aprobó un proyecto de ley para introducir en el Código Penal el delito de 'homosexualidad agravada', que en algunos casos contempla penas de cadena perpetua. De esta manera, serán castigadas, por ejemplo, las relaciones homosexuales con menores de 18 años o la persona con VIH.

El presidente de Gambia, Yahya Jammeh, que en febrero pasado calificó a los homosexuales como 'alimañas' y aseguró que su Gobierno se enfrentaría a ellos de la misma manera que combate a los mosquitos de la malaria, aún debe firmar la enmienda del Código Penal, aprobada por el Parlamento el pasado 25 de agosto.

El mandatario no ha ahorrado insultos al colectivo, víctima de ataques violentos.  'Por lo que a mí respecta, LGTB significa lepra, gonorrea, tuberculosis y bacterias, las cuales son un peligro para la existencia de los seres humanos', señaló.

Al respecto, Amnistía Internacional advirtió que la ley, si es promulgada, se sumaría 'al clima de temor' que enfrentan las minorías sexuales de Gambia.

Según el organismo, la ley contiene varias disposiciones que violan el derecho internacional de los derechos humanos y constituyen persecución a causa de la orientación o presunta orientación sexual o la identidad de género.

Según explicó, algunos apartados de la ley son similares a la estricta legislación homófoba anulada en agosto de 2014 en Uganda. “El presidente Jammeh no debe aprobar esta ley, profundamente dañina, que viola el derecho internacional de los derechos humanos”, manifestó el director regional adjunto de Amnistía Internacional para África Occidental y Central,  Stephen Cockburn.

Las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre personas adultas del mismo sexo ya constituyen delito en Gambia, en contra de lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, la reforma propuesta introduce penas aún más severas para las personas sospechosas de ser lesbianas, bisexuales o gais.

En mayo, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos adoptó una resolución sobre la protección frente a la violencia y otras violaciones de derechos humanos contra personas a causa de su orientación o presunta orientación sexual o identidad de género. En ella condenaba “la situación de ataques sistemáticos por parte de agentes estatales y no estatales contra personas a causa de su orientación o presunta orientación sexual o identidad de género”.

Con información de El País Amnistía Internacional