Finaliza segundo ciclo de conversatorios sobre el proceso de paz

“La justicia transicional no es una justicia penal diluida. En el caso de las Farc, los objetivos más coherentes para la aplicación de penas son la persuasión y rehabilitación”.

Así lo sostuvo María Camila Moreno, directora del Centro Internacional para la Justicia Transicional Colombia (ICTJ, por su sigla en inglés), durante el segundo panel de debate del foro Penas alternativas y sanciones extrajudiciales: desafíos para el derecho penal en lógica transicional.  

Al respecto, Moreno destacó la necesidad de  diferenciar los principios  que orientan la pena y las realidades del conflicto en  el país. Sobre este punto, se refirió a que los objetivos del castigo en el contexto de justicia transicional deben estar enmarcados  en la prevención, la disuasión y la resocialización de los excombatientes.

Frente a la  prevención, señaló que su objetivo es dejar al victimario en una situación en la que no presenta peligro para la sociedad, mientras que el propósito de la disuasión es que el delincuente no cometa delitos, sino obligar a que cambie su comportamiento futuro. “Es necesario que el castigo se entienda como una condena seria por infringir los valores fundamentales de la sociedad”, destacó.

A su turno, uno de los voceros de la Asociación de Cabildos de los Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) explicó la manera cómo se aplica la justicia y el castigo en el pueblo Nasa, al señalar que “las finalidades de la pena deben ser armonización, restablecimiento del equilibrio y compensación a la comunidad”.

Agregó que, para ese pueblo, “la sanción se aplica para que le duela a toda la sociedad. El remedio si se aplica de forma individual. Lo importante es restablecer el equilibrio. Para eso se aplica justicia y tiene que existir lugar para el que regresa”.

Política criminal y aumento de penas

Por otro lado,  el magistrado de la Corte Constitucional Nilson Pinilla advirtió que a raíz de la crisis en el  sistema carcelario, las penas de prisión no cumplen con su función última. “Hoy, la situación penitenciaria carcelaria es peor que cuando se declaró el estado de cosas inconstitucional. Sin embargo, se siguen aumentando las penas”, agregó.

Igualmente, se refirió a la ausencia de una política criminal seria y a la necesidad de aplicar medidas  preventivas más eficaces que no solo deriven en la pena privativa de la libertad. “¿Política criminal? ¿Cuál política criminal? ¿Acaso Colombia alguna vez ha tenido una política criminal seria?”, cuestionó.

Finalmente, señaló que el Derecho Penal debe ser la última ratio, sin dejar de lado la reparación a las víctimas.

En ese mismo sentido, el viceministro de Justicia, Miguel Samper Strouss, se mostró de acuerdo con Pinilla y señaló que “no existe una política criminal seria. Sí existe, infortunadamente, lo que se ha denominado como ‘populismo punitivo”.

Sin embargo, advirtió que el Gobierno trabaja actualmente en una política criminal coherente, que no sea reactiva, y que esté de acuerdo con la resocialización de los individuos.

“Esperamos que el documento de política criminal que estamos preparando tenga la forma de un Conpes, antes de finalizar este semestre”, agregó.

Finalmente, intervino Jairo Acosta, coordinador Nacional de Procuradores Judiciales Penales para la Justicia y la Paz, al señalar que “las experiencias y estándares internacionales son importantes para el ordenamiento jurídico, sin embargo, para el contexto colombiano se deben generar decisiones consensuadas”.

Acosta se refirió a los procesos de Justicia y Paz, al advertir que el modelo falló porque no se establecieron rutas de integración tanto para las víctimas como para los victimarios. “Es más importante trabajar en las necesidades comunitarias que las individuales”, concluyó.

El foro, el segundo que se realiza en el marco del ciclo de conversatorios regionales y nacionales sobre la paz, fue organizado por el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax) y ÁMBITO JURÍDICO.