Estado de cosas inconstitucional por desplazamiento forzado aún no se ha superado

El estado de cosas inconstitucional derivado del desplazamiento forzado persiste, por la precaria capacidad del Estado para garantizar el goce efectivo de los derechos de los desplazados y para corregir las falencias diagnosticadas, concluyó la Corte Constitucional,  en auto del pasado 13 de octubre.

La Corte advirtió que el Gobierno no ha puesto en marcha el plan de fortalecimiento de la capacidad institucional e indicó que, a pesar del avance que representa la aprobación de la Ley de Víctimas (L. 1448/11), la superación de la problemática requiere más que fijar un marco legal o crear una nueva estructura institucional.

Por otro lado, informó que el Gobierno ha tenido un lento avance en la reformulación de las políticas de vivienda; restitución de tierras; generación de ingresos; garantía de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición; prevención del desplazamiento; atención humanitaria; salud y educación.

Según el alto tribunal, el Ejecutivo no ha corregido las falencias en el programa de protección, en los sistemas de información y caracterización ni en los mecanismos de participación de los desplazados.

Por estas razones, convocó a la  Fiscal General, al Procurador General y a la Contralora General a una audiencia pública el próximo 11 de noviembre, para que presenten un informe sobre las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales que se hayan adelantado contra los funcionarios responsables de los componentes de atención a la población desplazada.

La Corte le ordenó a las distintas entidades estatales presentar un plan de metodología de trabajo, que deberán desarrollar durante los seis meses siguientes, y un informe que responda a las deficiencias señaladas en el auto.

(C. Const., Auto 219, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, Oct. 13/11)