Con ocasión del Día Internacional de la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a los Estados americanos a respetar y garantizar el derecho a la verdad, ante graves violaciones a los derechos humanos.

“Las democracias de nuestra región han heredado la responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en épocas de dictaduras y de gobiernos autoritarios, y sancionar a los responsables”, afirmó la presidenta de la CIDH, Rose-Marie Antoine.

Según advirtió, existen antecedentes de falencias en la investigación para identificar y sancionar a responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en algunos Estados se continúa aplicando la jurisdicción penal militar y mantienen vigencia leyes de amnistía que, bajo diversos nombres, garantizan que estos hechos queden en la impunidad.

En muchos casos, precisó, hay grandes obstáculos e incluso se vuelve imposible el acceso a la información sobre lo sucedido. Y en algunos países, el ocultamiento de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual, entre otras graves violaciones a los derechos humanos, constituyó una política deliberada del Estado e incluso una estrategia de guerra.

“Se han logrado importantes y significativos avances en muchas áreas y en diversos países. Sin embargo, continúa siendo un gran desafío acceder a la información completa de lo ocurrido”, señaló Antoine.

Cabe destacar que el derecho a la verdad comprende, por un lado, el derecho que tienen las víctimas y sus familiares a conocer la verdad y la identidad de quienes participaron en las violaciones cometidas, lo que implica que el Estado debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y garantizar el acceso a la información contenida en instalaciones y archivos estatales. Por otro lado, la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que se cometieron los crímenes, para evitar que vuelvan a ocurrir.

En consecuencia, el derecho a la verdad ocupa un lugar prioritario en la agenda pública de los Estados, lo que implica hacer reformas o adoptar medidas legislativas, judiciales y prácticas que reconozcan el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad de los hechos, así como garantizar el acceso a la información sobre graves violaciones de derechos humanos que se encuentran en instalaciones y archivos estatales.

“El camino hacia la verdad y la justicia por este tipo de crímenes del pasado ha sido extremadamente largo y difícil, pero es una deuda pendiente y una responsabilidad que los Estados no pueden eludir. No puede construirse un futuro democrático sin haber esclarecido las graves violaciones cometidas en el pasado, y haber logrado justicia y reparación”, agregó Antoine.

Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la CIDH publicó el informe Derecho a la verdad en América, que ofrece herramientas para los Estados que buscan garantizarlo. El documento identifica los aportes positivos realizados en casi una decena de Estados por víctimas, familiares, defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, orientados a documentar, verificar y difundir la verdad acerca de violaciones de derechos humanos.