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CIDH debate responsabilidad de Estados de origen de empresas mineras
Hasta ahora, las discusiones sobre el tema habían girado en torno a la responsabilidad de los Estados “anfitriones”.
05 de Noviembre de 2013
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De izquierda a derecha, Alexandra Montgomery (Justicia Global, Brasil); Dora Lucy Arias (CCAJAR, Colombia); Pedro Landa (Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario, Honduras), y Katya Salazar (DPLF), solicitantes de la Audiencia.
Por primera vez se discutió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la responsabilidad que podrían tener los Estados de origen de las empresas mineras por la violación de los derechos humanos en varios países de América Latina.
Hasta ahora, las discusiones sobre el tema habían girado en torno a la responsabilidad de los Estados “anfitriones”, pero poco se había hablado de la responsabilidad que tienen los Estados de donde provienen estas empresas, conocidos como “Estados de origen” o “home states”.
Así lo señalaron las organizaciones participantes en la audiencia sobre la situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en Las Américas y la responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas, celebrada el pasado 1º de noviembre, en el marco del 149º periodo de sesiones de la CIDH, en Washington D.C.
En ella, se discutió la actuación de empresas mineras en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y México.
Dentro de las circunstancias estudiadas está la falta de controles adecuados de los Estados de origen sobre sus empresas, cuando operan por fuera de su territorio. Por otra parte, las víctimas de estas violaciones no encuentran mecanismos adecuados para canalizar sus denuncias y reclamos en los países de origen de las empresas mineras.
Finalmente, se hizo referencia a la intervención de gobiernos, como el canadiense, en la elaboración y/o modificación de leyes nacionales sobre minería y asuntos ambientales en varios de los países analizados. Esto contrasta con la falta de participación de las comunidades afectadas por la minería, señalaron las organizaciones intervinientes.
En la audiencia participaron la Fundación para el Debido Proceso (Washington, D.C.), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Colombia), el Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras, la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú), la organización Justicia Global y la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil) .
Con información de DPLF
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