El Consejo de Estado explicó que la procedencia de una solicitud de unificación de jurisprudencia depende de la existencia posiciones jurídicas disímiles frente a una misma cuestión y que no debe limitarse a un caso concreto visto de manera aislada. Así, quien pretenda la nulidad de una actuación arbitral y considere que es necesario unificar una posición jurídica tiene que demostrar que el asunto que someta examen ya ha sido tratado por los jueces y ha sido resuelto bajo interpretaciones diversas. La corporación se negó así a estudiar la solicitud frente a la demanda de nulidad de un laudo que se abstiene de condenar un supuesto incumplimiento del Distrito Capital en un contrato para adecuaciones de la malla vial en el occidente de Bogotá, por unos $ 115.000 millones, al determinar que el actor centró la exposición de sus argumentos en las razones de fondo del juez arbitral. Adicionalmente, sostuvo que el recurso de anulación no supone una segunda instancia en la que se reviva el análisis probatorio concreto (C. P. Jaime Orlando Santofimio).