El Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos no consagra dentro de las funciones del registrador la de declarar la nulidad de las inscripciones o registros en los certificados de matrícula inmobiliaria, precisó el Consejo de Estado. Esta facultad está reservada a la jurisdicción ordinaria, teniendo de presente la ostensible diferencia en los efectos jurídicos que producen tales determinaciones. Por ello, la competencia de los registradores está limitada a corregir los errores en los folios de matrícula inmobiliaria, mientras que para la cancelación se exige la presentación de la prueba del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido, concluyó la Corporación (C.P. Maria Claudia Rojas Lasso).