Consejo de Estado pide intervención del Procurador General y cuestiona parcialidad de destitución por motivación falsa (9:10 a.m.)

Tras requerir al Procurador General para que revise cómo están actuando sus delegados en demandas contra el organismo de control ante el Consejo de Estado, el alto tribunal recordó que la respuesta negativa a un derecho de petición no significa la violación de una garantía que amerite la destitución. Como un acto de “dudosa imparcialidad” calificó la Sección Segunda el hecho de que el Ministerio Público haya sancionado la supuesta violación al derecho de petición por parte de una funcionaria, cuando lo que cuestionaba en realidad era el contenido de la respuesta, por no estar de acuerdo con las políticas del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Tunja (Invitu), entonces gerenciado por la demandante. “Con base en estos reproches (entre los cuales no hay pocos de contenido abiertamente político) fue que se le sancionó”, sentenció el alto tribunal al señalar que es evidente que la actora sí cumplió con su deber, pero al no pronunciarse en los términos que hubiera preferido el organismo de control, terminó siendo objeto de una sanción falsamente motivada. Dentro de la misma decisión, la sala requirió al Procurador General para que tome medidas que eviten que sus funcionarios ejerzan su labor ante la máxima instancia contenciosa mediante “memoriales abstractos y genéricos que obedecen a formatos preestablecidos”, carentes de análisis serios de cada caso concreto y le solicitó que presente un informe ante la corporación en torno a las medidas que tome sobre el particular. Frente al caso concreto, como medida de restablecimiento, se ofició a la Procuraduría Regional de Boyacá para que convoque a una rueda de prensa en la que dé cuenta de esta decisión (C. P. Gustavo Gómez).