El Consejo de Estado le ordenó al Distrito Capital adoptar un protocolo de atención en salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres, a raíz de una extirpación inadecuada de útero que se le practicó a una paciente, que la llevó a padecer de menopausia precoz antes de cumplir la mayoría de edad. Dicha plataforma debe ser socializada en colegios y universidades y comprenderá la capacitación de personal en hospitales y entidades. Según la sentencia, la tarea incluye garantizar atención oportuna, eficiente y pertinente a integrantes de la comunidad LGBTI, grupos étnicos, personas en condición de discapacidad, de bajos recursos y otros grupos vulnerables. Según la sala, las mujeres embarazadas o que padezcan afecciones que puedan comprometer sus órganos reproductivos deben ser informadas en forma concreta y oportuna de los procedimientos y tratamientos a aplicar. Para cumplir con este cometido, la demandada cuenta con un término de seis meses y deberá ser asistida por el PNUD Colombia. El distrito deberá garantizar de por vida todos los tratamientos médicos para mantener la salud de la víctima y deberá presentarle excusas públicas. Para el alto tribunal, este caso refleja el trato discriminatorio que sigue imperando en la sociedad colombiana por razones de sexo, edad, estatus social, entre otros parámetros, toda vez que se trataba de una menor de escasos recursos que se enfrentaba a un aborto inconcluso (C. P. Stella Conto).