En cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 819 del 2003), el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la meta para el 2016 del balance primario para el sector público no financiero. Para el año 2016, el déficit estructural será de 2,1 % del PIB y el déficit total, 3,6 % del PIB, siendo esta su máxima deuda. A partir del 2017, cuando el balance total sea de 3,1 % del PIB, iniciará un proceso sostenido de reducción hasta llegar a -1 % del PIB en el año 2022. Teniendo en cuenta que los proyectos ejecutados bajo la modalidad de APP no son operaciones de crédito, que deberán ser presupuestados como gastos de inversión, y que este es un instrumento para aumentar la capacidad de inversión pública con la participación del sector privado, consideró una senda de 0,05 % del PIB para el 2015; 0,10 % del PIB para el 2016; 0,35 % del PIB anual para el periodo 2017-2019 y de 0,4 % del PIB en cada año para el periodo 2020-2046, atendiendo a la evolución de la inversión proyectada y al perfil que tienen las vigencias futuras en los próximos años.