Tras calificar de estratégica y esencial la participación del sector privado en el transporte ferroviario de carga en el país el Gobierno fortaleció el marco de política para las alianzas público-privadas en este tipo de proyectos. ​Así lo determinó el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), el cual definió los lineamientos para la asignación de los riesgos que deberán asumir los particulares y el Estado en esta modalidad de contratos.

En adelante, en los contratos férreos de carga quedarán establecidos qué riesgos pueden asumir las entidades del Estado involucradas y cuáles quedan bajo responsabilidad del privado, dependiendo de su capacidad para mitigarlos o manejarlos.

Según el documento, con la adecuada identificación y asignación del riesgo se reduce el costo de su mitigación, facilitando una proyección aterrizada del proyecto, esencial para la movilización de capital privado.

Para el caso de los proyectos férreos de carga, en el Conpes se identificaron cerca de 60 riesgos asociados a las áreas ambiental, predial, social y cultural, diseño, construcción, operación y mantenimiento, material rodante, comercial, entre otras.

Por ejemplo, se identifica como riesgo las variaciones en las cantidades, precios y plazos para llevar a cabo las actividades de operación asociada al material rodante (vagones de carga y pasajeros, locomotoras, trenes y equipos de mantenimiento), las cuales quedaron asignadas al inversionista privado toda vez que es éste, quien determinará las características óptimas del material rodante, equipo y componentes de los sistemas férreos.

En el documento CONPES se define el riesgo como "eventos o condiciones inciertas que si se producen tienen un efecto positivo o negativo sobre el cumplimiento de los objetivos del proyecto y pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos".