La Corte Constitucional determinó que la norma que limitaba el agravamiento de las penas por crímenes contra sindicalistas a que estos integraran organizaciones legalmente reconocidas ponía en riesgo el derecho de asociación sindical. Con argumentos como este, la Sala Plena declaró inexequible el aparte demandado, contenido en el artículo 3º de la Ley 1309 del 2009 y en los artículos 1º, 2º, 3º y 4º de la Ley 1426 del 2010. A su juicio, esta expresión también violaba la prohibición de establecer normas ambiguas e indeterminadas en materia penal. Según la corporación, la expresión no era unívoca y suscitaba diferentes debates interpretativos. La Procuraduría también le había solicitado al alto tribunal declarar inexequible la disposición (M. P. Mauricio González).