Con participación de extranjeros y carácter extrajudicial, Gobierno y FARC acuerdan crear una comisión de la verdad (4:19 p.m.)

El Gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. Esta instancia deberá cumplir tres objetivos fundamentales, contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido; promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios. Como criterios orientadores, esta deberá garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad; ser un mecanismo imparcial e independiente; ser excepcional y funcionar durante un tiempo limitado, entre otros. En cuanto a garantías, indica que los comisionados no estarán obligadas a declarar en procesos judiciales, estarán exentos del deber de denuncia y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas judicialmente. En este sentido, la información que reciban o produzcan no podrá ser trasladada a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos o para tener valor probatorio; ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. Así mismo, establece como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), el impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política, el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, entre otros. Para abordar los distintos elementos de su mandato, la instancia tendrá como ámbito temporal el periodo del conflicto, por lo cual será necesario que establezca prioridades para su investigación. Sobre su conformación, estará integrada por 11 comisionados, tres de ellos podrán ser extranjeros. La comisión tendrá una duración de 3 años, incluyendo la elaboración del informe final. Por último, es de mencionar que podrá crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar las de las víctimas.