La Corte Constitucional determinó que la firma del estatuto y reglamento general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y el acuerdo sobre privilegios e inmunidades para las reuniones estatutarias entre el Estado colombiano y la Secretaría General del organismo, se dieron en cumplimiento de disposiciones superiores que orientan las políticas en materia de relaciones internacionales y fomentan la cooperación de los estados para la investigación y sanción de actividades delictivas. Con esos argumentos, declaró ajustada a la Carta Política de 1991 la Ley 1670 del 2013, mediante la cual se incorporó el instrumento al ordenamiento interno. La Procuraduría también había sugerido declarar constitucional el tratado (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).